¡Transformación ya! la exigencia de los jóvenes colombianos
La espinosa situación económica que vive Colombia, derivada de la pandemia y de políticas socioeconómicas no resueltas, que se esperaban suplir con un proyecto de reforma tributaria injusto con la clase media y baja, condujo a un paro nacional liderado por los grandes sindicatos, pero apoyado por universitarios y colegiales que se convirtieron en el músculo potente de las protestas.
En efecto, a fuerza de gritos juveniles, arengas, pancartas, marchas y enfrentamientos con la policía y con los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad) -que intentaban disuadir a los protestantes con sus “armas no letales”-, no solo lograron el hundimiento de la reforma tributaria, sino que, inconformes, se quedaron en las calles exigiendo cambios profundos ligados con otros proyectos del gobierno Duque, pero, sobre todo, pidiendo una transformación real en un país de cambios frágiles y superficiales.
Cortesia Carlos Alberto Murillo, director Play Tumaco
Hoy retumban sus reclamos en las calles, en los parques, en las plazas, en las redes sociales; en medio de una oleada de violencia que deja, hasta la fecha, 1.876 hechos violentos según Indepaz y la Organización Temblores. Pero quién dijo miedo. Allí están: desafiantes, valientes; haciendo de este abril y mayo de 2021 fechas históricas.
Este especial reúne las voces de defensores de derechos de humanos, líderes estudiantiles y comunitarios, todos jóvenes de distintas partes del país, para escuchar sus exigencias y sus denuncias.
Laura Marulanda, estudiante de la Universidad del Valle, expresa que en las últimas semanas los derechos constitucionales que más se han vulnerado en su ciudad son la libre circulación, la integridad física de todos los que participan en las manifestaciones y la vida misma. Es enfática en señalar: “Yo creo hay un intento, un interés de callar a los jóvenes y frenar su organización para poder continuar con la agenda, con esa agenda neoliberal que nos ha querido imponer el gobierno de Duque; pero también organismos internacionales como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional; el mismo Banco Mundial con el que, por ejemplo, entidades como el ICETEX tienen líneas de crédito que endeudan a cientos de jóvenes y familias colombianas. Yo creo que esa ha sido una de las razones por la que los últimos años se ha intentado criminalizar a la juventud, en todas estas jornadas de protestas y de movilización”.
Laura Torres, estudiante de la Universidad La Gran Colombia, y participante del movimiento estudiantil Ombudsman, señala que en el país los jóvenes están exigiendo que el Gobierno dé las garantías necesarias para poder tener una vida digna. Indica que les preocupa cómo en los últimos años han aumentado los asesinatos contra líderes sociales así como las masacres en las que las víctimas son también jóvenes. Además, resalta: “Hemos notado cómo cada día muchos no pueden ejercer sus profesiones, porque el gobierno no ofrece ni lo necesario para ejercer lo que estudiamos; las universidades públicas son muy pocas y los cupos muy limitados. Nos están matando, han habido asesinatos por parte del Estado cuando ejercemos nuestro derecho a la protesta, a manifestarnos pacíficamente”.
Humberto Perdomo, representante del Estamento Estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana de Neiva, explica que desde esta institución los jóvenes exigen a través del paro y las manifestaciones matrícula cero. Aclara que el paro nacional ha tenido una característica muy particular: que no responde a una convocatoria de alguna organización o de un sector, sino que es muy heterogéneo. “Están los jóvenes secundaristas, están los jóvenes de universidad, están los jóvenes de barrio que no pertenecen a ninguna institución de educación superior. Y cada quien trae como su agenda, sus necesidades y sus problemáticas”. También, manifiesta que la sociedad no se puede sentar a dialogar con un gobierno que ha planteado prácticamente una política del exterminio, y concluye pidiendo garantías a la negociación que se consolide.
William Felipe Moreno, integrante de la asamblea de los estudiantes de la Universidad Católica de Colombia, denuncia que tanto el Estado como grupos que se encuentran por fuera están coactando el derecho a la protesta, la seguridad, la vida, además están censurando. Expone que con las protestas los jóvenes buscan eliminar la reforma a la salud que, de aprobarse, sería un fuerte golpe para la clase media y baja del país. Agrega que “también se protesta por la corrupción evidente y por la manera de actuar del gobierno, que ha generado lo que se puede considerar como un terrorismo de Estado”.
Diego Vélez es un joven profesor en la Universidad Tecnológica de Pereira, la misma en la que estudiaba Lucas Villa, el pereirano que murió tras recibir varios impactos de bala durante una marcha pacífica. Vélez asegura que “los jóvenes están pidiendo futuro. El problema de fondo es que la privatización de la educación, la privatización de la salud, la falta de garantías laborales, lo que empiezan a anular es la perspectiva de futuro de nuestros jóvenes. Durante ya demasiados años los jóvenes del país deciden irse a estudiar a universidades extranjeras, o deciden irse a estudiar o a trabajar de cualquier manera en el extranjero porque en el país no hay garantías. (...) Los jóvenes llevan muchos años abanderando los grandes reclamos de la sociedad civil, más justicia, más equidad, el término de conflictos que, sabemos, han desangrando al país. También, políticas un poco más sensatas con el tratamiento de las drogas, mayor inversión en ciencia, en tecnología, en innovación, en cultura”.
La coordinadora general de la Organización Colombiana de Estudiantes en la Universidad del Rosario, Daniela Tapia, explica que lo que están pidiendo desde el ideal conjunto de la organización que representa es protestar contra una reforma tributaria que buscaba llenar un hueco fiscal que había dejado la reforma tributaria anterior por cuenta de los descuentos que se les hacen a las grandes multinacionales. A la fecha, explica: “nos estamos manifestando, porque tiene que entenderse que esta violación sistemática de derechos humanos no puede continuar; asimismo, el gobierno no puede seguir haciéndose el de los oídos sordos y asumiendo que “no, no pasa nada. Todo está bien”, cuando por debajo de la mesa nos quieren meter una reforma tributaria terrible, una reforma de la salud terrible, cuando están irrespetando todos los acuerdos de las manifestaciones anteriores”. Tapia cuestiona el rol de los grandes medios de comunicación del país, de su parcialidad frente a las protestas, porque “replicar ese discurso de que los jóvenes vamos a acabar con el país sólo les sirve a las personas que creen que todo está bien, que creen que todo va a continuar igual y no es así”. Concluye asegurando que “las cosas tienen que cambiar y nosotros los jóvenes nos tenemos que empoderar de esas luchas porque son nuestras y porque es nuestro país, y si nosotros no hacemos nada, nadie lo va a hacer por nosotros”.
Una joven de Valledupar, perteneciente a la Primera y Tercera Línea en las protestas, y quien pidió la reserva de su identidad, denuncia que en la ciudad, en la segunda jornada de protestas, hubo seis desaparecidos y dos muertos, menores de veinte años. Además, relata que un niño de once años se vio afectado por los gases lacrimógenos. La fuente revela: “aquí en Valledupar la policía no utiliza sus propias armas de dotación, utiliza armas externas para dispararnos, y nos disparan a la cabeza”. Además, manifiesta que un día después de una jornada de manifestaciones descubrió frente a su casa a dos hombres en motos, sin placas, rondando por aproximadamente una hora. Pese a la difícil situación, los jóvenes de esa ciudad del norte de Colombia se han manifestado contra las reformas tributaria, a la salud, a las pensiones; también por las víctimas que ha dejado la ola de protestas. “Estamos peleando por la renuncia de Duque”.
Laura Félix, defensora de derechos humanos de la Campaña Defender la Libertad, asegura que se viene presentando una criminalización a jóvenes porque son ellas y ellos quienes participan activamente de las movilizaciones y acciones contra el Gobierno y las políticas. Denuncia que “en todo el sentido de la palabra se están violando los derechos humanos en estas movilizaciones. Hay faltas a los protocolos de atención a las movilizaciones. Todos los decretos que han sido expedidos por el Ministerio del Interior se están incumpliendo, la Policía no está ejerciendo sus labores, se están extralimitando en sus labores, están cometiendo actos que son ilegales, que van desde la captura indebida a las personas, desde traslados por protección que no están de acuerdo al procedimiento estipulado en el Código de Policía, hasta el asesinato de jóvenes con armas de fuego de dotación entregadas a patrulleros, y que principalmente han tenido como víctimas a jóvenes entre los 18 y los 27 años”.
Óscar Montero es líder Indígena del pueblo Kankuamo, es integrante del Movimiento Indígena Colombiano y, además, es defensor de derechos humanos en la protesta social. Desde Santa Marta, asegura que a través de las mingas se pide el cumplimiento de los acuerdos de paz, el cese del reclutamiento de menores para la guerra y la eliminación del servicio militar obligatorio. Denuncia que “la violencia que hay hoy contra los jóvenes es una violencia demasiado desproporcionada que ha ocasionado en muchos pérdidas humanas, en otros afectaciones físicas y psicológicas (...) El Esmad está apuntando de manera directa a los ojos, a la cara de los jóvenes que están movilizados. Quiere amedrentar, quiere generar temor, miedo y terror a los jóvenes que se están movilizando; además de querer capturarlos y judicializarlos. Hoy en el país protestar nos está costando la vida”.
Una líder estudiantil del departamento de Caquetá, quien pidió la reserva de su nombre, asegura que los jóvenes están protestando contra la reforma tributaria, “ya se retiró pero no completa”; la reforma a la salud, porque “nos quieren meter una ley 100 dos punto cero”. Respecto a la situación en su departamento manifiesta que: “tenemos que decir que acá las movilizaciones han sido muy tranquilas, no se han presentado violaciones a los derechos humanos de nosotros los marchantes. Sin embargo, lo que nos tiene en alarma es una camioneta blanca de vidrios polarizados, que ya varios estudiantes han denunciado públicamente, porque se encuentra siguiendolos, y llegan también a las movilizaciones y se estaciona, salen y graban como tal directamente a los estudiantes”.
Iván Castañeda es estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional y es integrante de la Organización Colombiana de Estudiantes. Afirma que la violación a derechos humanos en el marco de las protestas sociales aumentaron en el país desde 2018. Es enfático en denunciar la focalizada violencia contra las mujeres en las protestas de 2021: “Hay algo que es fundamental y es que las estudiantes, las jóvenes, son las que más se ven violentadas en estos casos. Ya vemos en las movilizaciones de estas últimas semanas, del 28 hacía acá, cómo se ha venido violentando a las mujeres. Hay casos de violencia sexual, de acoso”. Respecto a lo que piden los jóvenes en las marchas señala, entre otras cuestiones, que desde la universidad pública “se quiere que la educación deje de ser un negocio, y que realmente sea un derecho; que el estado tenga voluntad política, invertir en educación pública, invertir en educación superior pública, acabar con esa brecha presupuestal que tenemos desde la Ley 30, que es una ley completamente neoliberal que lo que ha logrado es que la universidad se vea congelada en sus recursos”.
Una integrante de uno de los equipos del Tejido de Comunicación para el Cuidado de la Vida de Cali, quien pidió la reserva de su nombre por la inseguridad que hay en la ciudad, expone que, “como lo ha anunciado el propio ministro Molano, acá hay unos operativos combinados que son dirigidos por el comandante del Ejército general Zapateiro, por ende no es que acá la Fuerza Pública tiene excesos y los militares no. Son instrumentos de un mismo Ministerio (de Defensa). Hemos tenido desaparecidos, asesinatos, agresiones sexuales, detenciones arbitrarias, una brutalidad policial”. Asegura que han presenciado ataques a los y las defensoras de derechos humanos, a las caravanas y a las misiones humanitarias, incluso por la Fuerza Pública como sucedió en el punto de la Luna. “Vemos con preocupación cómo sectores de derecha, especialmente del Centro Democrático, alientan para que haya civiles dentro de Cali que ataquen a los manifestantes, generando confrontaciones para terminar de explotar la ciudad desde adentro. En Cali hay una avanzada paramilitar muy fuerte”. Es enfática en solicitar una mesa humanitaria que cumpla funciones de monitoreo y verificación para recopilar la información, y que lo que está pasando en la capital del Valle del Cauca no quede en la impunidad.
Laura Alzate es representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad de Caldas y es presidenta regional del eje cafetero de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior. Alzate denuncia que los jóvenes han vivido noches de horror en el país, tras persecuciones del ESMAD. Denuncia los ataques contra la minga indígena, y señala que “también se han presentado abusos sexuales a una de nuestras compañeras, que rechazamos y repudiamos”. Además, Alzate hace un llamado de atención sobre las detención arbitrarias que se han producido y la estigmatización que se ha dado de la protesta social. Sobre la protestas y lo que los jóvenes exigen, explica que“hay un pliego nacional de emergencia con siete puntos en los cuales se marca la importancia que se debe dar en el país a la renta básica, la defensa de la producción nacional, la garantía para la matrícula cero en las universidades públicas, porque las diferentes universidades públicas del país presentan un déficit presupuestal, y pues en medio de una pandemia tampoco se puede garantizar que los estudiantes puedan hacer pago de su matrícula, esto ha sido demostrada como una brecha para poder acceder a la educación superior”.
María José Suárez, defensora de la Red de Derechos Humanos Jaime Pardo Leal, y del equipo de sistematización en Bogotá, señala de forma contundente la lista de derechos que se vienen violando en Colombia en las últimas semanas, durante el paro y las diversas manifestaciones: el derecho de reunión y asociación que está presentado en el artículo 37 la Constitución Política de Colombia; el derecho a la libertad de expresión; el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos. “Hay que tener en cuenta que la protesta social es una forma de participación democrática y, por lo tanto, cuando alguien participa de la movilización social también está ejerciendo su derecho a la participación en los términos consagrados en el artículo cuarenta de la Constitución Política de Colombia”. Respecto a los actos violentos que se han presentado en distintos lugares del país, en el que han resultado afectados civiles y policías, indica que: “ Uno debe entender que una protesta es un ambiente que se presta para muchos tipos de situaciones. Ahora, hay pruebas de que por ejemplo la Fuerza Pública se infiltra vestida de civil, y lo que hace es dispersar la marcha. Otros tipos de violaciones también vendrían de la mano con los tipos de armas que utiliza la Fuerza Pública, y cómo las utiliza, por ejemplo están las armas cinéticas o de impacto, entonces el ESMAD afirma que la distancia mínima a la que se lanza es de 5 metros, sin embargo, el fabricante dice que la distancia mínima debe ser de 10 metros de los infractores”.
Hami Gómez es estudiante de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, y pertenece a la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior. Gómez explica que los jóvenes están protestando porque “tenemos un país que excluye la juventud, excluye las capas bajas y medias de la sociedad. Tenemos un sistema económico y político que no permite que haya oportunidades para los jóvenes, que no nos permite estudiar; los que entramos a las universidades tenemos que estar endeudados porque de lo contrario no podríamos estudiar”. Además, asegura que el porcentaje en el desempleo de mujeres jóvenes es mayor al de hombres jóvenes. “De no ser escuchados los jóvenes claramente se perdería más respeto por la institucionalidad y habría un descontento aún mayor, porque las condiciones seguirán empeorando”, concluye.
María José Muñoz tiene 19 años, es estudiante de Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de los Andes y hace parte de la organización estudiantil La Universidad más Pública. Para esta líder “en las protestas sociales que hemos vivido la última semana en Colombia se han presentado toda clase de violaciones a los derechos humanos: la fuerza pública ha violentado indiscriminadamente a las personas que salen a ejercer su derecho fundamental a la protesta; han asesinado a menores de edad, han asesinado a marchantes mayores de edad; han asesinado a quienes marchaban pacíficamente como Lukas y a quienes ejercían acción directa; han violado mujeres. Han abusado de su autoridad de todas las formas posibles y esto no es una noticia nueva en el país”. En consecuencia, manifiesta que el Movimiento Estudiantil ha pedido durante años una reforma policial y un desmonte del ESMAD. “La violencia que está ejerciendo el Estado sobre las y los marchantes ha llegado a dimensiones nunca antes vistas”.
Oscar Moreno es estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, es defensor de derechos humanos y coordinador del colectivo José Martí; es enfático al exponer que “en un país como el nuestro los reclamos de los jóvenes son múltiples, porque estamos en un país que no nos brinda oportunidades para absolutamente nada. (...) Mucha de esta gente joven, si bien no toda, toma decisiones que posiblemente no sean las más acertadas, se podría decir, porque si nos damos cuenta la mayoría de grupos guerrilleros no están compuestos por gente vieja, sino por gente joven; la mayoría de grupos delincuenciales están compuestos por gente joven; la mayoría de combos, por así decirlo, digamos Cali o Medellín, pues son de gente joven que no tiene una aspiración de vida muy larga, porque simplemente tampoco sienten tener por qué vivir”. No obstante, también resalta que cree que esta generación es más crítica y menos conformista, razón por la cual se organiza en colectivos barriales, estudiantiles, y eso les ha costado una estigmatización.
La defensora de derechos humanos, de la organización Lazos de Dignidad, Isabel Fajardo asegura que en lo corrido de las protestas sociales que se llevan a cabo en Colombia, desde el pasado 28 de abril, se han presentado más de 35 lesiones oculares en todo el país, 11 de ellas se produjeron en Bogotá. Indica, además, que se ha evidenciado un aumento en la violencia basada en género. “Se han presentado violaciones de todo tipo, desde físicas hasta sexuales, hemos sido como objetos, sobre todo las mujeres”.
Un integrante del Comité de Estudiantes y Egresados del Sena (Coes) de San José del Guaviare, quien pidió la reserva de su nombre, expresa que “en las protestas sociales que actualmente se desarrollan (en su departamento) ha habido persecución por parte de agentes de la policía vestidos de civil. También algunas provocaciones o señalamientos por parte de algunos altos mandos de la Fuerza Pública que dicen “tengan cuidado, por ahí hay unos vándalos que pueden dañar las protestas”, refiriéndose a los jóvenes que pacíficamente estamos saliendo a las calles. Además, recibimos una notificación por parte de la personera y del procurador, en la que nos preguntaron “si sabemos de unas bombas Molotov que habian por ahí”. Les dije: “en lo absoluto, nosotros no somos esa gente que usaba ese tipo de medios para conseguir algo, somos pacíficos. No pensamos incendiar nada”. Efectivamente, habían unas bombas, unas botellas con gasolina y trapos adentro, claramente, queriendo estigmatizar la protesta social”.
El director de la Organización Nacional de Juventudes Liberales, John Baquero Urbina, señala que esta ola de protestas está liderada por jóvenes porque están cansados de que los recursos oficiales no lleguen, por ejemplo, a la educación, el deporte, la cultura. Porque tener un buen trabajo con una justa remuneración es “casi una ilusión”. Además, se suman a las protestas de campesinos por los problemas que genera la intermediación, y la de transportadores que reclaman porque “deben pagar una gasolina cara en este país lleno de peajes, peajes en menos de 15,20 kilómetros”. Agrega a esta lista el inconformismo con el actual presidente de la República: “Este gobierno es un gobierno lento, que se demora, un gobierno que improvisa, un gobierno que cada vez le genera a la gente ese miedo. Hoy vemos en nuestro país una crisis institucional, ¿por qué? porque a este gobierno le está quedando grande”. Y le pide al Gobierno que “ por favor escuche, que se siente en una mesa de diálogo y que haga bien las cosas”.
Diana Marcela es una líder comunitaria, hace parte de la Escuela de Ciudadanía Entre Vecinos y Vecinas en Cali, y es docente de Ética y Valores. Denuncia que en las últimas semanas se han presentado en la capital del Valle del Cauca desapariciones forzosas. “Hay varios chicos que hasta el día de hoy no han aparecido, no se sabe el rastro, no se tiene la ubicación”. Y agrega: “acá los policías y el ESMAD han estado llegando en las noches a los puntos de resistencia a disparar”. Respecto a lo que piden los jóvenes en las protestas resalta: “Una vida digna, educación, salud. Reclaman que se caigan las cuatro reformas: la tributaria, laboral, salud, pensional. Que sea una construcción por parte de los ciudadanos y que no se quede a puerta cerrada en el Congreso”.
Juliana Castellanos Díaz
Laura Poveda
Daniela Manrique
Esteban Reyes
Paula Murcia
Mateo Medina Escobar
Felipe Jerez
Alejandra Sierra
Laura Niño
Diego Andrés Lozano
Fernanda Pérez
Juan Sebastian Vargas Madrid
María Camila Rodríguez Rodríguez
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